Tras muchos meses de trabajo, el Ayuntamiento de Santillana del Mar ha conseguido la certificación que cumple con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establecido en el Real Decreto 311/2022.
Desde entonces, dicho certificado es obligatorio para todas las entidades públicas pero, tal y como afirman desde Kiwa (empresa certificadora), “está habiendo muchos retrasos”.
Este hito supone la protección de la información de las bases de datos del Ayuntamiento y la certeza de que cumple con la legislación.
Hoy se ha celebrado el acto de entrega del certificado donde han estado presentes el director general de Kiwa, Juan Cardona, el responsable del área norte, Carlos Resch, y el CEO de Amio Ingenieros (empresa a la que se adjudicó el contrato), Héctor Traspuesto. Los encargados de recibir el documento han sido el alcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Miguel Ángel Viaña.
Desde Kiwa aseguran que han querido entregar el certificado ellos mismos en persona por “la proactividad que ha demostrado el Ayuntamiento de Santillana del Mar” y reconocen que “hay que poner en valor el esfuerzo por querer salvaguardar los datos de información”.
Se trata de un punto de partida en Cantabria que tarde o temprano tendrá que aplicarse al resto de Ayuntamientos. En relación a esto, el alcalde tiende la mano a todas las entidades ya que reconoce que ha sido “un camino difícil y costoso por la complejidad del asunto”.
Además, Ángel Rodríguez asegura que, a pesar de ser una villa medieval, “tenemos que estar en el siglo XXI” y reconoce estar “muy orgulloso” por ser pioneros en conseguir este certificado que será revisado cada dos años y tendrá que ir introduciendo mejoras.
Esquema Nacional de Seguridad
El esquema nacional de seguridad es un marco normativo que se basa en el real decreto 311/2022 que ha sido diseñado por el CCN (Centro Criptológico Nacional) para proteger la información sensible y crítica que las administraciones públicas intercambian entre ellas, además de empresas y ciudadanos en los procedimientos de solicitud de intercambio de información con las entidades públicas.
En definitiva, es un conjunto de normas y prácticas que garantizan la seguridad e integridad de toda la información que manejamos, así como la continuidad de operaciones de prestación al ciudadano.
